El informe de la Inspección de Trabajo ha tardado ocho meses en llegar al juzgado
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla ha remitido a la Fiscalía el informe de la Inspección de Trabajo sobre el caso del inmigrante temporero, cuyo cadáver fue abandonado en diciembre de 2019 en el centro de salud de Pozo Alcón, a donde supuestamente lo trasladó el dueño de la finca en la que se encontraba trabajando.
El empresario, vecino de Hinojares, fue detenido por la Guardia Civil que le imputó inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y quedó en libertad a la espera de que lo llamara a declarar la responsable del juzgado , hecho que no se ha producido a la espera de lo que decida la Fiscalía.