Opinión. Pozo Alcón: La Historia y sus gentes. LII

LOS  CONSEJOS DE GUERRA II.

Alcaldes y Comité

Al principio de la Guerra Civil, el Comité del Frente Popular estuvo formado por los mismos concejales que habían sido nombrados a raíz del triunfo de aquél en las elecciones de febrero de 1936, con Antonio Lara Iruela como alcalde. En la mayoría de otras localidades españolas las funciones de los Ayuntamientos quedaron reducidas durante la guerra a labores meramente administrativas, recaudatorias o subastas de arbitrios. Aquí no fue así porque Ayuntamiento y Comité quedaron prácticamente identificados, y éste podría ser uno de los varios factores que influyeron para que la guerra transcurriera con una cierta calma para fascistas y otras personas de derechas.

 En el transcurso de la guerra, hasta cinco alcaldes se sucedieron en el Ayuntamiento por este orden: Antonio Lara Iruela, Juan Antonio Cabezuelo Fernández, Manuel Gallego Requena (en funciones), José Carmona Iruela y Nemesio Sánchez García. Además de éstos, podemos recordar que en algún informe de la Causa General aparecía en la declaración del maestro franquista Antonio Chavarino otro alcalde que respondía al nombre de Moreno Galeote, al que fue a quejarse con motivo del intento de implantar la coeducación en la escuela. Pero resulta que “Moreno Galeote” era el sobrenombre con que se conocía a Juan Antonio Cabezuelo, al parecer por ser muy moreno y proceder del apodo familiar de los “Galeotes”.

 Una de las primeras medidas tomadas por el alcalde Antonio Lara Iruela, del que por ahora no hemos podido encontrar el Consejo de Guerra al que fue sometido, fue un requerimiento a la Sociedad Lazo Pacheco, que textualmente dice: “Don Antonio Lara Iruela, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pozo Alcón.

Hace saber: Que por virtud del presente requiere a la Sociedad Lazo Pacheco y Martínez, y a su representante en esta población, que con motivo del presente movimiento faccioso ha abandonado las explotaciones agrícolas e industriales, que posee en este término municipal, para que en el improrrogable plazo de cuatro días, ( …) cumplan los deberes que las disposiciones vigentes imponen a los dueños de las explotaciones agrícolas e industriales, pues de lo contrario y de conformidad con el artículo (…), esta autoridad municipal procederá a intervenirlas. Pozo Alcón 23 de agosto de 1936”.(BOP 02/09/1936). Y “su representante en esta población”, al que se refiere el requerimiento era Augusto Lidueñas, quien pasó la guerra a salvo en la Granada golpista.

Y, efectivamente, poco tiempo después, el mismo Boletín publicaba declarar desafectos a la República (e incautación de bienes), entre otros de Jaén, a esa Sociedad. Y todo según la ley. Empezaba así el proceso de colectivización que, en el caso de esas explotaciones agrícolas e industriales, pasaron a ser gestionadas por la CNT.  Y, a través del análisis de los Consejos de Guerra que hemos seleccionado, iremos viendo algunos aspectos de esa colectivización, con las trabas que desde el mismo Ayuntamiento a veces se le ponían.

Disponemos de los Consejos de Guerra, entre otros, de varios de los alcaldes y concejales de esta época, que corrieron distintas suertes. Y, además de otros datos fundamentales sobre las circunstancias de la guerra, estos juicios nos ofrecen unos listados de los que fueron miembros del Comité del Frente Popular, apuntándose algunas responsabilidades y actuaciones concretas. De este modo, teniendo siempre en cuenta las condiciones de maltrato y tortura en que se desarrollaban estos interrogatorios, los nombres de los miembros que se repiten en todas las declaraciones son:

Casiano Cerrillo Casado, primer presidente del Comité; Domingo “el Alpargatero”, que lo sustituyó; José Carmona “Cuatro Pelos”; José Márquez García; Cirilo Vilar Vargas; Emilio Gámez Segura; Gregorio Quiñones Valero; Escolástico Carmona Bustos y otro al que llaman “el Rojo Bolillas”. Aparece también el llamado don Aurelio Aranzana, quien, como ya vimos, desde el principio de la guerra adquiere un gran protagonismo y poder. Además, nos encontramos con Juan Sánchez “el Carpintero” y Alfredo Moreno Armijo, que lo serían como jefes de los milicianos. Todos ellos y probablemente alguno más pertenecieron al Comité del Frente Popular en un momento u otro de la guerra. Durante toda la existencia del Comité, el tesorero (depositario) fue Reyes Bustos Moreno, quien entregó toda la documentación de los gastos del Comité al jefe del destacamento militar en abril de 1939.

En cuanto a las funciones y actuaciones del Comité, lo primero y primordial fue la detención y desarme de los elementos más jóvenes y peligrosos de los golpistas locales: Óscar Bustos García, militar franquista evadido de Pozo Alcón; Antonio Ubalde Gil, hermano de la maestra María Ubalde, falangista que estaba en el pueblo al inicio de la guerra; Juan Torres Carmona; el maestro Antonio Chavarino y otros. Las primeras detenciones se produjeron el día 24 de julio de 1936 y se señala a Aurelio Aranzana como responsable. Por estas fechas, y antes del 2 de agosto en que se generalizaron las detenciones, llegaron milicianos de Peal y Torreperogil, entre los que se encontraba el anarquista poceño Alfredo Moreno Armijo. Con él vino muy probablementeJoaquina Ramos Galiano, “la Miliciana”, quien también tendrá protagonismo en la historia local. También sabemos que poco después llegó un grupo de milicianos de Torreperogil al mando del socialista Ildefonso Fernández Torres. En declaración en Consejo de guerra del miliciano de ese pueblo, José María Rodríguez Conchillo, éste afirma: “(…) que estuvo en Pozo Alcón porque dijeron que tiroteaban los fascistas en aquellos pueblos; que estuvo en Pozo Alcón cinco días y sólo hizo en Pozo Alcón que pasearse con la escopeta y que sólo tiró dos tiros al blanco, y manifiesta: que fue al blanco porque no encontró a quién tirarlo”. A continuación, el detenido da una lista de seis milicianos que lo acompañaron, entre ellos Ildefonso Fernández, y una lista más de otros 16 milicianos de Torreperogil que ya se encontraban en Pozo Alcón y que sí habían participado en los asesinatos del molino de La Abajadilla.

Otra función del Comité, como es lógico, fue la organización de los milicianos locales para efectuar registros, detenciones, guardias, etc. El mantenimiento del Comité y de estos milicianos se pagaba con las multas que le fueron impuestas a los elementos de derechas. Conocemos por estos Consejos que le fueron impuestas multas a Esteban Torres Carmona, Pedro Jiménez y Lucas Martínez Cerrillo, a cambio de su libertad. Por la declaración de Reyes Bustos, ratificada por la de Domingo “el Alpargatero”, sabemos también que la cifra total de multas ascendió a 71000 pesetas, que se invirtieron en dichos gastos.

El Comité Popular tuvo que ocuparse de otros muchos asuntos con el paso del tiempo, como fue la llegada de los niños de Madrid o la llegada de refugiados, sobre todo tras la caída del frente de Pozoblanco y Peñarroya en Córdoba. Asimismo, tuvo que iniciar las incautaciones de tierra para la reforma agraria con el reparto de la tierra, lo que movilizó a gran parte de la población, incluidos los prisioneros. De estas cuestiones nos iremos ocupando en estudios posteriores de estos juicios militares sumarísimos.

Vamos a centrarnos ahora en algunos de los Consejos de Guerra de los que disponemos, en concreto los de Escolástico Carmona Bustos, José Carmona Iruela y Juan Antonio Cabezuelo Fernández, por el interés de los datos que aportan y la visión de colaboracionismo que en muchos casos nos presentan.

El primer juicio que vamos a resumir es el de Escolástico Carmona Bustos, detenido en el Pozo el 16 de agosto de 1939, a la edad de 58 años; del campo, casado y con cuatro hijos, con instrucción. Dirigente de la CNT, “tomó parte cuando se retiró el aceite de la fábrica del Cura para intercambiarlo por productos alimenticios”. Este hecho, que según una versión popular fue acompañado de un apaleamiento del dueño de la fábrica perseguido hasta Huesa donde vivía, y haber pertenecido durante unos días al Comité del Frente Popular, eran las únicas acusaciones que recaían en EscolásticoCarmona Bustos.

Además de otros informes a favor, nos resulta de gran interés, una vez más, el que el párroco Andrés García Asenjo hace del acusado. En su declaración, no sólo destaca la oposición “tenaz y valiente” de Escolástico a todo tipo de maltrato e intento de fusilamiento de los encarcelados, sino que además se afirma que ocupó los puestos directivos que ejerció a petición de los mismos detenidos para impedir que lo ocuparan “personas de peores intenciones”. La petición final del párroco para aplicar a Escolástico Carmona Bustos “la clemencia con que la nueva España quiere acoger a los obreros engañados”, sintetiza perfectamente aquella faceta de redención y reeducadora del nuevo Régimen del nacionalcatolicismo.

Finalmente, Escolástico Carmona fue absuelto. Había sido detenido el 16 de agosto de 1939 y fue puesto en libertad el 25 de noviembre de 1941. Volvió a Pozo Alcón, donde vivió en la calle Aire, después de haber pasado dos años y tres meses hacinado con miles de detenidos en la prisión de Jaén.

Peor suerte corrió el alcalde José Carmona Iruela, que lo fue entre 1937 y 1938. José Carmona, “Cuatro Pelos”, tenía 47 años cuando fue detenido; campesino, casado con María Moreno Navarro, y padre de dos hijos. Sabía leer y escribir, y vivía en la calle Afuera. Con anterioridad a la guerra, perteneció a la UGT y, después, además de alcalde, desempeñó el cargo de Delegado de Abastos.

La denuncia inicial del alcalde Antonio Jurado ya dejaba pocas esperanzas al encartado:

Una ficha aparte decía: “José Carmona Iruela. Afiliado al Partido Comunista. Cargo: Alcalde. Profesión: del campo; Consentidor de los hechos ocurridos en el pueblo”.

En síntesis, a José Carmona se le acusaba de haber ejercido dichos cargos políticos y de haber mandado detener a dos personas de derechas, que tuvieron que comparecer ante un tribunal popular en Jaén, donde finalmente fueron absueltos. El alcalde se defiende afirmando que fueron detenidos por haberse embriagado en la vía pública y que él, como alcalde, tuvo que firmar la orden de detención. La otra acusación era la de haber firmado un listado de 50 o 60 personas de derechas para ser enviadas a Jaén, traslado que finalmente no se efectuó. No deja de ser clásica, a la vez que pueril, la excusa en que “manifiesta que sí que la firmó el encartado en unión de todo el Ayuntamiento, pero que lo hicieron por encontrarse un poco bebidos”.

 De nada sirvieron algunos informes a favor, en los que se recalcaba su oposición al derramamiento de sangre y a la protección que de él recibieron algunos detenidos cuando venían milicianos forasteros, porque finalmente José Carmona Iruela, “Cuatro Pelos”, sería condenado, en Consejo de Guerra de 26 de febrero de 1943, a 14 años y 8 meses por el delito de auxilio a la rebelión militar. Se le deniega la prisión atenuada. Había ingresado en el Arresto Municipal de Pozo Alcón el 29 de marzo de 1939, es decir, al día siguiente de haber tomado el poder en el pueblo la constituida como  Junta Provisional franquista, presidida por Antonio Jurado.

 Y ya, por último, nos vamos a ocupar del Consejo de Guerra de otro alcalde que ejerció su cargo durante el conflicto. En el caso de Juan Antonio Cabezuelo Fernández, nos encontramos, por una parte, con una doble identidad en cuanto al nombre mismo y, por otra parte, nos encontramos también con una doble actuación durante la guerra. Juan Antonio Cabezuelo, más conocido como “Moreno Galeote”, representa un claro ejemplo, según los informes que de él se dan, de quintacolumnista, de infiltrado franquista dentro del Ayuntamiento republicano y, aunque no perteneció al Comité, sí acudió a varias reuniones de éste, según afirma, para saber qué se decía sobre los presos.

Todos los informes de Cabezuelo son positivos. En el siguiente, de dos encarcelados de derechas durante la guerra, se destacan sus cualidades de trabajador, persona honrada, etc. Su toma de partido por la República se atribuye a “ignorancia o inculcaciones de otras personas intelectuales”, demostrando siempre“humanitarios sentimientos”. La declaración continúa resaltando sus actuaciones de ayuda y protección de los detenidos y familiares. Y, en el último párrafo, y como curiosidad, vemos que se produjo una manifestación “de señoritas de ” pidiendo la libertad de Cabezuelo (Moreno Galeote).

Eran aquellas mismas “señoritas”, jóvenes de familia de bien que llamaban entonces, que fueron obligadas a trabajar en el campo en faenas agrícolas. Esto fue en 1936, siendo alcalde Antonio Lara Iruela, lo que ocurrió por iniciativa del “Comité de mujeres” y de Ángeles Mondéjar, “la Motilona”, como veremos oportunamente. Con la llegada de Juan Antonio Cabezuelo a la alcaldía se paralizó esta iniciativa porque, entre otras cosas, era totalmente improductiva y retrasaba el trabajo. En el siguiente informe, que firman Antonio Ubalde y Alberto Sánchez Moreno, podemos entrever algo de la lucha sorda y peligrosa que se estaba produciendo en el mismo campo republicano. Leemos, por ejemplo, que Cabezuelo “Declaró la guerra abierta a los elementos más peligrosos, como eran los componentes de la CNT, cuya entidad borró y descompuso con el aplauso callado de los elementos de derechas”. Y algo más adelante se afirma que, en caso de necesidad, estaba dispuesto incluso a darles armas para su defensa.

Y en otra página de la misma declaración, se afirma que el detenido fue “una providencia para la Villa en aquellos momentos revolucionarios”; más aún, se declara también que Juan Antonio Cabezuelo, siendo alcalde, había boicoteado las órdenes de Jaén n lo que afectaba a los detenidos y a la revolución misma.

 Y, ya para terminar este apartado, un último informe que por su interés también reproducimos. Se trata de la declaración de Óscar Bustos, en la que podemos constatar cómo Cabezuelo (Moreno Galeote) colaboraba de forma activa con los detenidos llegando incluso a facilitar su huida.

Hemos analizado en este artículo tres Consejos de guerra en los que uno de los acusados, el alcalde José Carmona Iruela es condenado a 14 años y 8 meses por auxilio a la rebelión militar, y otros dos detenidos que fueron absueltos, después de pasar un tiempo en prisión. El caso en particular de Juan A. Cabezuelo Fernández, siendo el más evidente, no es el único de colaboracionismo o, al menos, de una gran protección de los detenidos de derechas ante la llegada de milicianos forasteros. En cualquier caso, todos los que habían sido encarcelados, fueran absueltos o condenados, tuvieron que pasar un tiempo hacinados en aquellas cárceles y su participación, sea cual hubiera sido, en defensa de la República, quedaría como un estigma en las familias, lo cual, aunque resulte extraño, llega prácticamente hasta nuestros días.

Y todavía sufrieron más los que habían participado en la detención y matanza del río o una mujer, Dolores Mondéjar Iruela, quien había osado formar “un partido de mujeres” y haber hecho trabajar a “las señoritas”. De ella, de “la Motilona”, nos ocuparemos en el próximo artículo.

José Manuel Leal