Opinión. Pozo Alcón: La Historia y sus gentes. LI

 LOS CONSEJOS DE GUERRA (1)“EL ALPARGATERO”

El presente artículo y otros que le seguirán, con periodicidad quincenal, vienen a completar y ampliar algunos que ya se publicaron en este blog y a los que me remito, en especial el artículo nº XXXVIII sobre los sucesos del río y el artículo XLV sobre la represión.

 Disponemos, por ahora, de 27 Consejos de Guerra de poceños y otros que aquí vivían, así como múltiples referencias a la localidad en actuaciones de milicianos forasteros. Toda esta documentación se encuentra digitalizada por la Diputación de Jaén en su archivo de Memoria Histórica. La información se va actualizando continuamente, por lo que en el futuro dispondremos con seguridad de más datos. Otra fuente de información complementaria será el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Los Consejos de Guerra, que ya se habían iniciado con anterioridad en aquellos lugares tomados por las tropas franquistas, se generalizaron una vez finalizada la Guerra Civil: los vencedores impartían “su justicia” a los vencidos. He entrecomillado “su justicia” porque, después de unos meses de innumerables fusilamientos sin juicio alguno, el nuevo Régimen impuso una legalidad, sin duda arbitraria, aunque con ciertas garantías procedimentales: acusación formal, declaración del acusado, informes policiales, declaración de testigos a favor y en contra, etc. Todo ello bajo un estado de terror y unos juicios sumarísimos militares. En aquellos tiempos, España entera, hasta este rincón, se llenó de familiares, sobre todo mujeres de los encarcelados que solicitaban un aval, una declaración de las nuevas autoridades de que sus maridos, padres o hijos acusados no habían participado en crímenes y que habían favorecido a las personas de derechas durante el conflicto. Pero, muy frecuentemente, estos avales no se expedían sin un cierto “precio”, que muchas veces tuvieron que pagar con sus propios cuerpos mujeres e hijas de los encarcelados. Esto ocurrió en todos los sitios y aquí, en más de un caso, también.

Las detenciones de la mayoría de los encausados se produjeron a finales de marzo y principio de abril de 1939, bajo la autoridad del presidente de la Comisión Gestora franquista, Antonio Jurado, y la de los jefes  del Destacamento de la Policía Militar, los sargentos Valentín Marías y Juan Moneyo Solana respectivamente, auxiliados por el Guardia de Asalto Juan Ferrer Márquez. Otras detenciones y acusaciones se extenderán en los años posteriores con Agustín Tirado, como alcalde delegado, y después con Juan Torres Carmona, como alcalde efectivo. Además, José Balaguer, como jefe de Información de la Falange, y el nuevo Comandante del Puesto de la Guardia civil, Carlos Afán de Ribera, se encargarán de nuevas detenciones e interrogatorios.

 Todos los Consejos de Guerra que vamos a examinar, podrían dividirse en dos grandes grupos: aquellos que se ocupaban de las responsabilidades por haber ejercido cargos políticos en el Comité del Frente Popular, alcaldía y juzgado; y otro gran grupo centrado en los sucesos ocurridos en el río Guadalentín con la muerte de siete huidos falangistas de Yeste, y también la participación en la quema y destrucción de imágenes de los templos y asalto a las casetas rurales.

En cuanto a las sentencias, si bien la mayoría son condenatorias, con penas que oscilan entre la cadena perpetua y 6 años y un día; no obstante, podemos encontrarnos con algunas absoluciones, como fue el caso del alcalde Juan Antonio Cabezuelo Fernández, e incluso una sentencia en que se declara al acusado Pedro Perea Carmona como no responsable por un desequilibrio mental. Por su parte, las acusaciones de que eran objeto se agrupaban en: “Rebelión”, que solía llevar aparejada la pena de muerte; “Auxilio a la rebelión”, para aquellos que habían tenido responsabilidades políticas o judiciales durante la Guerra; y, por último, “Adhesión a la rebelión”, para todos los demás que, de una manera más o menos activa, se habían opuesto al golpe de Estado militar.

Respecto a los mismos Consejos de Guerra, habría que hacer muchas consideraciones, como el hecho de que eran juicios militares sumarísimos con escasas garantías procedimentales. Habría que tener en cuenta también el estado de terror en que vivían los encarcelados, lo que les llevaba a una especie de “sálvese quien pueda”. De esta forma, las declaraciones de los acusados, cuando se refieren a actos colectivos o señalan a otros paisanos, hay que tomarlas con mucha precaución por cuanto pueden ser ciertas o simplemente tratar de descargar la responsabilidad en otros con declaraciones fruto del miedo y la tortura, algunas de las cuales no son ratificadas después ante el juez. En definitiva, que siempre hemos de tener en cuenta que los Consejos de Guerra más bien nos dan la visión de los vencedores sobre las responsabilidades de los vencidos durante la Guerra, todo ello en un ambiente de hambre y terror donde la vida o la libertad estaban en juego.

Vamos a comenzar este apartado con el juicio sufrido por Domingo Rodríguez Egea, alias “el Alpargatero”, porque ese era su oficio, aunque en algunos documentos aparezca como “el Zapatero”. En este Consejo de Guerra veremos la mecánica general de este tipo de juicios.

Domingo “el Alpargatero” era natural de Caravaca y vecino de Pozo Alcón, donde vivía en la calle Afuera Nº 22. Casado y con seis hijos. Militante socialista afiliado a la UGT. Durante la Guerra ejerció el cargo de Juez municipal y formó parte del Comité del Frente Popular, que llegó a presidir sustituyendo a Casiano Cerrillo. Sobre Domingo recaían dos acusaciones distintas: por una parte, la que presenta Juan Torres ante el jefe del Destacamento militar, en la que en esencia se le acusa de haber ejercido esos cargos y de haber ordenado detenciones y multas a elementos derechistas; por otra parte, en Yeste, el padre de los hermanos Lozano Guerrero asesinados en el río Guadalentín presenta otra acusándolo de ser el que ordenó al grueso de milicianos que fueran al río a buscarlos, con las consecuencias que ya sabemos.

Ante estas denuncias, el Comandante del Destacamento militar, ordena que dos falangistas locales se dirijan a Caravaca para traer a Domingo Rodríguez Egea:

Una vez traído aquí desde Caravaca, donde estaba detenido desde el 1 de abril de 1939,  se realiza la primera declaración el 27 de mayo de 1939.

Si leemos con detenimiento esta declaración, además de los miembros del Comité del Frente Popular, nos encontramos con dos nombres propios sobre los que el acusado descarga la responsabilidad, como son Aurelio Aranzana, al que señala como el organizador de las detenciones, y, por otra parte, Adolfo Moreno Armijo como jefe de las milicias que ordenó se fuera en busca de los ocho fascistas refugiados en el Molino del Puente, en la “Abajadilla”. Hagamos un paréntesis aquí para ver quiénes pudieran ser estos dos personajes.

 Aurelio Aranzana Oyanarte, es un personaje rodeado todavía de un halo de misterio. Sabemos que era maestro y también que había sido evacuado desde Dúdar (Granada) a la zona de Baza, que se había convertido en la capital de la Granada republicana. Desde el comienzo mismo de la Guerra adquiere un gran protagonismo y es señalado por otros varios acusados del inicio de los primeros encarcelamientos, así como de haber ordenado  el asalto de la ermita de San Sebastián en la placeta del Santo. También se le acusa de ordenar la confección de una lista con alrededor de cien elementos derechistas peligrosos y su posible traslado a la prisión de Jaén. No sabemos cuáles fueron los motivos de su estancia en Pozo Alcón por estas fechas, pero, sin duda, tenía que venir revestido de alguna autoridad gubernativa, muy probablemente remitida desde Baza.

Alfredo Moreno Armijo, poceño que mantenía también un vínculo de vecindad con Peal de Becerro. Él es el jefe de los milicianos anarquistas que llegaron en los últimos días del mes de julio de 1936 y a los que se les acusa de la mayoría de detenciones y crímenes. Fue también el primer Secretario General de la CNT en Pozo Alcón, cargo en el que fue sustituido por Julián Ramos Carmona, que aparece con el alias de “Abichelón”.

 Por las declaraciones en otro Consejo de Guerra de un vecino anarquista de Hinojares, Sebastián Entrena Bonillo, sabemos que, en septiembre de 1936, Moreno Armijo se trajo 30 yeguas, que habían sido requisadas, desde Peal de Becerro. También sabemos que era el jefe del grupo de milicianos que fueron a la sierra a incautar las casetas de los guardas e ingenieros. Y también sabemos por otras declaraciones (Cirilo Vilar Vargas) que formó parte del Comité del Frente Popular. Aunque Alfredo M. Armijo era sin duda el jefe, no está del todo claro que fuera el que dio aquella orden de bajar por los detenidos al Guadalentín. Al menos ninguno de los encausados lo cita ni lo sitúa allí, excepto el juez Domingo Rodríguez Egea. Nunca podremos saber quién dio exactamente la orden. Por una parte, tenemos que Alfredo Moreno Armijo, militante de la CNT, desempeñó un papel fundamental en la revolución inicial. Por otra parte, tenemos que, en la denuncia que presenta el padre de los hermanos Lozano para que se investiguen los hechos, figura como acusado de haber dado la orden el propio Alpargatero. Y no podremos saber quién fue en definitiva porque en abril de 1939 Alfredo Moreno había muerto, aunque también desconocemos las circunstancias. De esta forma, no sería nada extraño que, sabiendo de su muerte, Domingo Rodríguez Egea lo acusara de haber dado la referida orden.

La última noticia que tenemos de Alfredo Moreno Armijo es del 1 de mayo de 1938. En esa fecha es condenado a pagar 1000 ptas. de multa en Peal de Becerro por vender leche a precios abusivos y haber hecho además intercambios de otros artículos de primera necesidad (BOP nº 142, de 23 de junio de 1938).

La instrucción del juicio siguió su curso: acusación formal, informes de autoridades locales, nueva declaración del acusado, burocracia, etc. De todos los informes que de Domingo “El Alpargatero” se emiten, unos son negativos, como los del alcalde Antonio Jurado, del 11 de enero de 1940, en el que se cargan las tintas contra el detenido; y otro, del jefe de la Falange, José Balaguer, que suaviza un tanto la acusación; y otros son positivos, como los de Ángel Mallol García, Francisco Vela o Pedro Jiménez.

De especial interés resulta el informe con la declaración del que había sido párroco durante la Guerra, Andrés García Asenjo. En su declaración, el párroco deja bien claro el exquisito trato que siempre recibió de Domingo Rodríguez, quien además le salvó la vida varias veces amenazada por la llegada de milicianos forasteros.    

Finalmente, Domingo Rodríguez fue condenado a cadena perpetua, pena que posteriormente le fue rebajada a la de 20 años y un día por adhesión a la rebelión. Y aquella ola revolucionaria que removió los cimientos de la sociedad poceña era ahora condenada por los tribunales militares y justicia franquista, y algunos  lo pagarían bien caro.

José Manuel Leal