20 municipios en Jaén donde se recomienda medición, aunque no sea obligatoria
Según publica el periódico «Jaén Hoy», el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN )dentro del Plan Nacional contra el Radón ha elaborado el mapa oficial de potencial de radón y ha entrado en vigor la Instrucción IS-47 del CSN, que identifica por primera vez los municipios con medición obligatoria.
Jaén es una de las provincias afectadas por la presencia de gas radón con 24 municipios en total en los que se ha detectado más presencia de esta sustancia natural, invisible e inodora, pero con efectos directos sobre la salud. Este gas radiactivo se genera por la desintegración del uranio en suelos y rocas.Los municipios de Andújar, Guarromán, Linares y Santa Elena han sido clasificados como Zona II, es decir, zonas de actuación prioritaria. Esto implica que todos los centros de trabajo cerrados, especialmente aquellos ubicados en planta baja o bajo rasante, deberán medir obligatoriamente la concentración de radón en el aire.
20 municipios de Jaén han sido incluidos en la denominada Zona I, donde, si bien la medición no es obligatoria, sí se recomienda por la significativa presencia potencial de radón en el subsuelo. Estos municipios son: Aldeaquemada, Arroyo del Ojanco, Baños de la Encina, Cabra del Santo Cristo, Carboneros, Chiclana de Segura, Génave, Ibros, La Puerta de Segura, Lupión, Marmolejo, Montizón, Navas de San Juan, Pozo Alcón, Puente de Génave, Santiago-Pontones, Torreblascopedro, Torres de Albánchez, Vilches y Villanueva de la Reina.
En total, en Andalucía la medida afecta a 89 municipios (un 11 % del total) como Zona II, y 147 municipios adicionales en Zona I, lo que supone que cerca del 30 % del suelo andaluz está afectado por este riesgo invisible. Esta nueva clasificación de municipios se aprueba un año después de que entrara en vigor la obligación general de medición en zonas de riesgo. Por primera vez, el CSN ha oficializado el listado de localidades donde estas obligaciones deben cumplirse de forma estricta. La decisión se ha tomado tras un proceso de audiencia pública en el que participaron municipios, comunidades autónomas y entidades científicas y profesionales, como la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR).
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