9 de febrero de 2025

Pozo Alcón: La Historia y sus gentes. XXXI

EL AÑO DE 1931 Y LA LLEGADA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Por José Manuel Leal

La segunda década del S.XX se despedía con dos obras de cierta envergadura, como fueron la construcción de la torre de la iglesia, que se había derrumbado a principios de siglo, y la remodelación del edificio del ayuntamiento. En cuanto a la torre, finalizada en 1931, y hecha en ladrillo, sus gastos se costearon con la subvención correspondiente del gobierno, actos y veladas teatrales cuyos beneficios se dedicaban a tal fin y, muy principalmente, la aportación que hizo desde Jaén el poceño Alfonso Monge Avellaneda para que la obra pudiera finalizarse.

La Casa consistorial también necesitaba una urgente reparación. Se trataba de un edificio viejo, oscuro y sucio, al que se le dio un buen lavado de cara. En un poema del cronista MAQ, de 1930, podemos ver los cambios. Pero, antes de leerlo, propongo al lector que sefije en la situación en que se encontraba la antigua cárcel, que se trasladó fuera del edificio. También en la alusión de la defensa (“y que a veces, cuca, también se imponía”) de los intereses de la Compañía Lazo…, que desde dentro del propio Ayuntamiento su representante siempre hacía. Por último, he de aclarar que al alcalde al que se refiere por su buen hacer era Manuel Torres Carmona. He aquí el poema:

Y llegó el año 1931. En aquel año se sucedieron, nada menos, que cinco alcaldes en un periodo de seis meses. En síntesis, empezó el año siendo alcalde Francisco Antiñolo; lo fue después el incombustible Manuel Torres Quiñones, e inmediatamente después, tras las elecciones del 12 de febrero, accedió a la Alcaldía nuevamente Antonio Jurado Amador, para ser sustituido por orden gubernativa por Julio Gutiérrez Funes; y, finalmente, tras la repetición de elecciones municipales el 31 de mayo, alcanzó la Alcaldía Juan Rodríguez Moreno, que lo fue hasta 1934. Veamos todo esto con más detalle.

Antes, en febrero de 1930, acabada la Dictadura, el nuevo gobierno del general Berenguer decretó la reinstauración de manera automática de los Ayuntamientos existentes con anterioridad al golpe de Estado de 1923. No obstante, el gobierno se reservaba el nombramiento de alcalde y primer y segundo teniente de alcalde, quienes no necesariamente tenían que ser concejales. De esta forma, en marzo de 1930, fueron nombrados como alcalde Francisco María Antiñolo Leyva y, como primer y segundo teniente de alcalde, Antonio Jurado Amador y Manuel Rodríguez Quiñones, respectivamente.

Por varios artículos publicados por el cronista MAQ, sabemos que el nombramiento de Antiñolo fue muy bien recibido, pues era uno de los valores personales de más prestigio en la localidad. Anteriormente, había sido miembro del Partido Liberal, juez municipal y concejal. Sabemos que en su etapa de estudiante se distinguió llegando a obtener la nota de sobresaliente en la Licenciatura. Su capacidad intelectual y amor al estudio le llevaron después a adquirir otros conocimientos de Mecánica, Agricultura y Derecho. También tuvo una activa presencia empresarial en la industria y la agricultura no sólo en Pozo Alcón, sino también en Cuevas del Campo. En este pueblo vecino montó una central eléctrica llamada “Nuestra Señora del Amparo”, la cual se derivaba de otra que había instalado en el Fontanar; una empresa quijotesca que contribuyó al progreso de Cuevas del Campo, pero que aportó pocos beneficios, si no pérdidas, al empresario. Antiñolo fue farmacéutico durante 53 años y su muerte en 1952 estuvo rodeada de numerosas muestras de dolor y respeto para este hombre laborioso, ecuánime y recto en su quehacer profesional y político.

Volviendo a su nombramiento como alcalde, un asunto “peliagudo” con el que tuvo que enfrentarse esta corporación fue el del “Reparto general de utilidades”, es decir, establecer el listado de los que debían pagar los impuestos municipales por las rentas y propiedades urbanas, rurales y personales. Rescatamos aquí la información que figura en acta, según la cual presentaba su dimisión de la Junta repartidora la mujer más poderosa en aquel momento por sus rentas personales, Dolores García Sampayo. Se formó una nueva Junta repartidora encargada de establecer esa lista y que, según el cronista MAQ, “está levantando a los emboscados favorecidos, que aquí eran, como suelen ser en todos los pueblos, los que por su situación de mandones o su influencia personal o política podían rebajar sus cuotas en el reparto”. Se intentaba, en fin, que el reparto municipal se asentara sobre bases más equitativas; pero resulta que a esa misma Junta pertenecía el administrador de la Sociedad Lazo, Pacheco, Martínez y Compañía, que además del Canal de riego, poseía tierras, edificios e industrias complementarias. Así se expresaba el cronista MAQ:

“Pero si no regateamos el aplauso que sea estímulo de la obra provechosa, tampoco eludimos la crítica para lo que estimamos que debe tenerla. Y este es el motivo de que censuremos aquí los intentos obstruccionistas que un vocal de la Junta ha mostrado para favorecer el interés de una Sociedad que por su riqueza y sus negocios tiene que pagar una importante cantidad en el reparto. Como el vocal al que nos referimos es el administrador de la Sociedad, creemos que una elemental razón de ética aconseje ponerse al margen del debate, ya que no puede anteponer el interés general al interés particular de la Empresa”.

Esta noticia, aparecida en “El Pueblo Católico” de Jaén, se complementa con otra breve que dice: “Después de amplia y movida discusión, en la reunión que esta mañana celebró la Junta repartidora, el vocal por elección don Luis Salazar González, hizo presente su incompatibilidad para figurar en la Junta. Por este motivo el señor Salazar deja de colaborar desde hoy en los trabajos de la Junta repartidora”. Según esta última información, podemos deducir que era Luis Salazar, cabo del Somatén, quien ejercía la labor de administrador de la mencionada Sociedad, antes de Augusto Lidueñas Campoy.

El alcalde Antiñolo apenas si estuvo un año en el cargo. Durante su mandato se trataron asuntos importantes, como fueron el nombramiento de un nuevo secretario municipal y el establecimiento de nuevos arbitrios (impuestos municipales) sobre la carne fresca y salada, así como sobre las bebidas espirituosas, espumosas y alcohólicas, lo que provocó numerosas protestas hasta su desaparición. En cuanto al secretario, el Ayuntamiento eligió entre los aspirantes que habían aprobado la oposición y cumplían los requisitos, a José de la Torre Galán, cuyo nombramiento se hizo efectivo en el Boletín oficial; sin embargo, éste nunca llegó a tomar posesión del cargo, por no tener la edad requerida por el propio Ayuntamiento, por lo que siguió siendo secretario interino Óscar Bustos, hasta que posteriormente se nombró secretario interino a Antonio Sirvent Cerrillo. Respecto a los impuestos municipales señalados, éstos se convirtieron en caballo de batalla política hasta que el Ayuntamiento provisional republicano presidido por Julio Gutiérrez Funes los eliminó, y la cantidad que se preveía obtener, 22500 pesetas, se transfirió al Reparto general de utilidades.

En enero de 1931, se produce un nuevo cambio de gobierno que anula los nombramientos gubernativos de alcaldes y tenientes de alcalde, y deja las corporaciones tal y como estaban antes del golpe de Estado. Es cesado Antiñolo Leyva, por orden del gobernador civil, y se procede a la votación por los concejales, siendo elegido por unanimidad Manuel Torres Quiñones. En este punto de la sesión, se produce una situación conflictiva y que dio mucho que hablar en el pueblo: el secretario Sirvent toma la palabra para advertir que, a su juicio, esta elección y nombramiento es nula porque el elegido no está inscrito en el censo electoral que, según la ley, es requisito imprescindible para ser nombrado en dicho cargo. Torres replica que desempeña el cargo de concejal desde que automáticamente le fue conferido sin que se le haya opuesto semejante tacha legal y, por tanto, cree consolidado su derecho, que considera ya invulnerable. Además, alega que vino al cargo con el carácter de mayor contribuyente y desde que nació, salvo algunos periodos cortos que ha habitado en Valencia, viene conviviendo entre estos vecinos contribuyendo con las cuotas correspondientes, industrial, rústica y urbana, de las fincas que aquí posee, y contribuyendo personal y particularmente en cuantos actos públicos y privados vienen aconteciendo en esta localidad. Y finaliza afirmando textualmente: “Por lo que he creído siempre tener el derecho de vecindad que se me arrebató como ardid político para evitar mi intromisión en los actos públicos de este pueblo y contra cuya excepción protesté a su debido tiempo ante la Junta de censo electoral”.

Y llegaron las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, aquellas con las que, según el jefe del gobierno, almirante Aznar, “España se acostó monárquica y se levantó republicana”. A Pozo Alcón le correspondía, por el censo de habitantes que el Ayuntamiento fija en 5959, la elección de 7 nuevos concejales ya que los 6 restantes lo eran por derecho propio. Además de esto, se presentó una sola candidatura, la monárquico-conservadora, con 7 candidatos, por lo que, según la ley entonces en vigor, se proclamó ésta automáticamente sin necesidad de elecciones.

El nuevo Ayuntamiento, que podríamos calificar -si se aceptan los términos- de “pre-republicano o postmonárquico”, se constituyó el 20 de abril de 1931. En esta sesión es elegido como alcalde Antonio Jurado Amador. Después de esta elección, el nuevo alcalde solicita de todos que acaten el Régimen Republicano “poniendo de mi parte cuanto sea preciso para conseguir el bien de España y de este mi querido pueblo”. El concejal José María Escudero Toral, por sí y en nombre de los demás concejales, contesta al señor alcalde que están dispuestos a acatar el Régimen Republicano y prestar su apoyo en la forma solicitada. El concejal que figura como independiente, Juan García García, también manifestó que acataba como los demás el Régimen constituido y estaba dispuesto a prestar su apoyo. Todos aceptaron la propuesta del alcalde excepto Manuel Torres Quiñones, quien textualmente dice: “Que como quiera que toda mi vida he sido monárquico conservador adherido al Excmo. Sr. Marqués de Foronday pienso seguir esa orientación política mientras exista, y sin dejar de acatar el Régimen constituido, renuncio mi acta de Concejal, por estar delicado de salud”.

Terminaba de esta forma la vida política de este longevo “alcalde” y prácticamente la de esta Corporación porque ocho días después, el 28 de abril, el gobernador cesa a todos los anteriores y se fijan nuevas elecciones, más democráticas, para elegir al total de los 13 concejales el domingo 31 de mayo. Entre tanto, se nombra a una Comisión gestora presidida por Julio Gutiérrez Funes, de cuya breve gestión, así como de los resultados de las nuevas elecciones, nos ocuparemos en el próximo artículo.

José Manuel Leal

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